Protección a personas víctimas de violencia familiar en época de pandemia

Resumen

El 20 marzo de 2020, las autoridades de salud de México decretaron el confinamiento obligatorio, como una de las medidas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19. La estrategia ralentizó un poco el contagio, pero dejó al descubierto la realidad de violencia familiar presente en nuestro país desde hace muchos años, agravada de forma alarmante por la presión económica; la permanencia de integrantes de la familia en espacios reducidos, por tiempo prolongado; y la improvisación de áreas para que menores y adolescentes se incorporaran a la educación remota. Tales circunstancias provocaron caos entre los miembros de las familias y la consecuente violación reiterada a los derechos humanos de mujeres, menores de edad y adultos mayores.

La situación generada por la pandemia ha llevado a revisar las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales contraídas por las autoridades mexicanas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de quienes conforman las familias y evitar consecuencias fatales en su integridad personal.

Diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales han documentado el incremento de la violencia familiar durante la pandemia y sus resultados muestran la necesidad de crear políticas públicas encaminadas a frenar esta vertiginosa carrera, que atenta contra la dignidad de las personas, y hace urgente otorgar una protección adecuada a las víctimas de esta violencia, que sólo se logrará con un cambio de los paradigmas cultural y educativo de quienes integran las distintas sociedades.